Por: Benjamín Díaz Salazar *

En 2009, el gobierno del Distrito Federal, en manos de Marcelo Ebrard Casaubón, puso en marcha un proyecto de rehabilitación de unidades habitacionales. El proyecto en general buscó dotar a ciertos espacios públicos de un aire sustentable y sobre todo, de una apariencia más ecológica. La Delegación Iztapalapa, en ese entonces bajo la administración de Clara Brugada, fue electa como aquella en la que se aplicaría la primera rehabilitación ya por las características poblacionales, ya por los problemas medio ambientales de la zona.

            Después de un proceso extraño y desconocido, la Unidad Habitacional “La Valenciana” fue designada como la primera de un amplio proyecto de sustentabilidad habitacional en el Distrito Federal. El GDF designó 2 millones de pesos para la rehabilitación que consistió en la colocación de huertos y jardines verticales en los edificios con sistemas de auto-riego, la adaptación de paneles solares para la generación de energía y el calentamiento de agua, la aplicación de un sistema de recolección de aguas pluviales para el sostenimiento de los jardines y de los mismos edificios, y por último, contempló la mejora de espacios públicos y áreas verdes con la instalación de flora ornamentaría.

La evaluación de “La Valenciana” tuvo como objetivo conocer de qué manera se enfrenta un problema medioambiental en un pequeño nivel: una delegación. Sin embargo, se reflejó un problema más amplio: la política, la administración pública y los recursos provistos por miles de mexicanos a través de los cada vez mayores impuestos. La Valenciana permitió conocer el problema de fondo: quién maneja a la sociedad, y sobre todo, a los recursos.

            ¿En dónde queda la sociedad civil cuando se trabaja para las industrias, para otorgar licitaciones nepotistas y sobre todo, para enriquecer las cuentas bancarias de la “clase” política?

Una vez más, les comparto la liga al texto completo
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